VILLA MERCEDES
El Colegio de Abogados se expresó en contra de las modificaciones para tramitar divorcios y sucesiones
La entidad de Villa Mercedes considera que tiene un impacto negativo, no solo en el desarrollo del ejercicio profesional, sino también para toda la ciudadanía.
El Colegio de Abogados de Villa Mercedes fijó posición sobre los proyectos de sucesiones notariales y de divorcio administrativo que impulsa el Gobierno Nacional para ser debatidos en el Congreso de la Nación.
Hicieron hincapié en las propuestas que presentará el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzemegger relacionadas al divorcio administrativo, y flexibilización de sucesiones patrimoniales de común acuerdo sin la intervención de juzgados ni abogados.
La institución villamercedina se adhirió a un informe que presentó la Federación Argentina de Colegios de abogados (FACA) de la Nación, donde plantearon el rechazo de las reformas propuestas al Código Civil y Comercial de la Nación.
En este sentido solicitaron a los legisladores “que se excluya su tratamiento” (que es en el marco de la Ley Bases) y que se difiera su debate para las sesiones ordinarias.
La FACA manifestó que el Poder Ejecutivo “bajo el falso pretexto de descongestionar la labor de los tribunales, o afianzar la libertad individual de las personas, pretende transferir al ámbito administrativo potestades jurisdiccionales propias del Poder judicial, cuyo ejercicio compete exclusivamente a los jueces, únicos habilitados a para hacer efectivo el derecho humano de acceder a la justicia en procura de la tutela judicial efectiva de los derechos”.
Con las modificaciones se plantea que los divorcios podrían tramitarse, bajo determinados requisitos, en un Registro Civil, sin la intervención de la Justicia. En el caso de las sucesiones, se optaría por gestionar el trámite ante un escribano y no necesariamente ante un juez.
El Colegio de Abogados de Villa Mercedes, a través de un comunicado que firmó su presidenta, Mariela Blengino, consideró que la modificación de ambos procesos, “atenta directamente garantías constitucionales básicas de los ciudadanos, violenta el sistema republicano, y pone en peligro la seguridad jurídica de las acciones privadas de la sociedad”.
“Tiene un enorme impacto negativo, no solo en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional, sino también para toda la ciudadanía”, indicaron.
Al mismo tiempo aseguraron que implicaría “un encarecimiento del proceso y un embate contra la seguridad jurídica en relación a los derechos de las personas involucradas”.
“Sumamos nuestros esfuerzos y voluntades para realizar las gestiones necesarias y efectivas que garanticen la tutela judicial efectiva en la problemática del ciudadano, al amparo de nuestra Constitución Nacional”, concluyó el escrito que se publicó en redes sociales.